“Akima recibió 163.4 millones por gestionar esa cárcel”: Acusan a la empresa privada que dirige la cárcel de migrantes de Guantánamo de cometer abusos contra los derechos humanos

AMU GOODMAN: Esto es Democracy Now! Democracynow.org. El informativo de guerra y paz. Soy Amy Goodman, con Juan González.

El 25 de febrero, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó la base naval de la bahía de Guantánamo por primera vez desde su nombramiento, en medio de crecientes críticas por el traslado y la detención de migrantes allí. El lunes, el Gobierno de Trump detuvo los planes de alojar en campamentos situados en Guantánamo a migrantes detenidos, por temor a que las instalaciones no cumplan con los estándares establecidos por el Servicio de Inmigración. Las carpas carecen de electricidad y aire acondicionado.

A principios de febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó Guantánamo, días después de que trasladaran allí a los primeros inmigrantes, y afirmó sin pruebas que las personas enviadas a estas instalaciones eran delincuentes peligrosos.

KRISTI NOEM: Estas personas son lo peor de lo peor que hemos sacado de nuestras calles.

DANA BASH: ¿Quiénes son?

KRISTI NOEM: Asesinos, violadores. Cuando estuve allí, pude ver cuando uno de los vuelos aterrizó y descargó a unos 15 de estos delincuentes. Estos eran principalmente pedófilos, unos que estaban traficando niños, traficando drogas. Los hemos sacado de nuestras calles y los pusimos en esta instalación.

AMU GOODMAN: Esa era Kristi Noem, ahora la jefa del Departamento de Seguridad Nacional. El New York Times publicó una investigación sobre una mujer venezolana en Colombia, quien identificó a su hermano en un video de Guantánamo y dijo: “Mi hermano no es un criminal“. El Gobierno mencionó sus tatuajes y que estas personas son miembros de pandillas. La mujer dijo que los tatuajes de su hermano eran de Michael Jordan porque es un aficionado. La semana pasada, tras deportar abruptamente a 177 migrantes venezolanos que habían estado detenidos en Guantánamo, el Gobierno de Trump admitió que 50 de ellos no tenían antecedentes penales aparte de ingresar ilegalmente a EE.UU.

Mientras tanto, cinco senadores demócratas, encabezados por Dick Durbin de Illinois, enviaron una carta al presidente Donald Trump el lunes denunciando el traslado de migrantes a la bahía de Guantánamo como “ilegal e injustificado”. La carta califica la medida como “sin precedentes y perjudicial para la seguridad nacional, los valores y los intereses estadounidenses”, y añade: “No existe un fundamento en las leyes migratorias para transferir a personas no ciudadanas arrestadas en Estados Unidos a un lugar fuera del país para su detención antes de o con el propósito de llevar a cabo procedimientos de expulsión”.

Pasamos ahora a una nueva investigación que revela cómo la empresa privada que administra el centro de detención de migrantes en Guantánamo tiene un historial de violaciones a los derechos humanos en otros centros de detención de migrantes en Estados Unidos. El conglomerado se llama Akima y cuenta con más de 40 filiales y más de 2.000 contratos con el Gobierno. El año pasado, el Gobierno de Biden adjudicó un contrato para dirigir el centro de detención de migrantes de Guantánamo a una filial de Akima.

Hablamos con el periodista José Olivares, cuyo artículo para The Guardian se titula “Revelan que la empresa estadounidense que administra la cárcel de migrantes de Guantánamo fue acusada de abusos a los derechos humanos”.

José, es un placer tenerlo con nosotros. Exponga lo que encontró.

JOSÉ OLIVARES: Lo que tenemos que reconocer es que la estación de Guantánamo, que está en Cuba, del Ejército de los Estados Unidos tiene una historia muy larga de abusos de derechos humanos en contra de gente que ha sido detenida en la prisión militar. Ahora, estas personas que estuvieron ahí detenidas fueron arrestados en operativos clandestinos por todas partes del mundo y han sido torturados, abusados, etcétera.

Pero lo que no sabíamos, lo que el público casi no sabía antes de esta orden ejecutiva de Trump, es que por muchos años, ya por décadas, el Gobierno estadounidense ha estado deteniendo a migrantes en una cárcel, en una cárcel separada, allí justamente en Guantánamo. Ahora, esta cárcel se llama el Migrant Operations Center, el Centro de Operaciones de Migrantes, y esta cárcel está dividida en dos partes, una parte es del Departamento de Estado y otra parte es de ICE, de la agencia que maneja las deportaciones y las detenciones de migrantes.

Ahora, lo que encontré con mi investigación es que el año pasado el Gobierno de Biden le dio un contrato a una compañía privada que se llama Akima Infrastructure Protection, y esta compañía privada recibió un contrato que vale 163.4 millones de dólares para manejar los operativos en la cárcel de migrantes en Guantánamo. Ahora, hay que reconocer que ya por varios años, desde 2002, el Gobierno federal ha contratado a distintas compañías privadas para manejar los operativos allí, en esta cárcel de migrantes. Empezó en 2003 con GEO Group, una compañía masiva de prisiones privadas. Luego otra compañía que se llama MBM Incorporated. Y ahora, el año pasado, la administración de Trump [sic] le dio un contrato a esta compañía, Akima Infrastructure Protection, que vale 163.4 millones de dólares para manejar los operativos ahí para detener a migrantes.

Principalmente, esta cárcel ha sido utilizada en el pasado para detener a migrantes que vienen del Caribe, principalmente, y que son detenidos por oficiales en el mar. Y ahora, cuando los detienen ahí en el mar, los mandan a Guantánamo para procesar. Típicamente los procesan y los pueden mandar a un tercer país, cuando pueden ver que son migrantes protegidos, como les llaman, o, también, si los procesan y ven que no son migrantes protegidos, los deportan y los regresan a sus países de origen.

Pero lo que encontré también con esta investigación es que esta compañía Akima Infrastructure Protection, la compañía que recibió el contrato del Gobierno federal para manejar los operativos de detención de migrantes en Guantánamo, esta compañía también maneja otras cárceles de migrantes en distintas partes del país y varias de esas cárceles han recibido denuncias y han recibido críticas, también del Gobierno federal, por acusaciones y por cuestiones y alegaciones de abusos de derechos humanos en estas cárceles.

JUAN GONZÁLEZ: José, ¿quién dirige esta empresa? ¿Cómo consiguió reunir tantos contratos federales? ¿Puede hablarnos sobre su historia, y de las personalidades implicadas, si es que las hay?

JOSÉ OLIVARES: Bueno, la historia de esta compañía es muy curiosa. Es muy interesante porque esta compañía, que se llama Akima, es la dueña de más de 40 compañías que se llaman Akima Infrastructure Protection, Akima Global Services y varias más. Son 40 compañías pequeñas que pertenecen a Akima, pero Akima también pertenece a otra compañía que se llama la NANA Regional Corporation, la Corporación NANA Regional, y en los setentas lo que pasó es el Gobierno federal pasó distintas leyes y políticas que crearon 13 compañías que pertenecen a nativos, a personas indígenas, en Alaska. Y esto viene a raíz de movimientos sociales y de muchas críticas al Gobierno federal. Pero esas 13 compañías también reciben miles y miles y miles de contratos con el Gobierno federal.

Ahora, una de esas compañías es NANA Regional Corporation, la Corporación Nana Regional, y son dueños de Akima. Pero esta compañía, Akima, tiene más de 40 subcompañías que manejan muchos operativos y muchos contratos con el Gobierno federal. Encontré, por ejemplo, que trabaja con el Departamento de Defensa. Por ejemplo, hay una compañía que pertenece a Akima que maneja el mantenimiento de helicópteros del Ejército estadounidense en el Medio Oriente y también da capacitación a distintos cuerpos militares en otras partes del mundo, pero también recibe contratos para manejar cárceles de migrantes en distintas partes del país.

Ahora, lo interesante es que esta compañía es una compañía nativa de Alaska, de parte de los indígenas. Entonces, por esa razón y porque hay 40 mini compañías, por decirlo así, bajo Akima y ellos reciben contratos con el Gobierno federal, que principalmente tienen que pertenecer a negocios pequeños. Entonces, ellos reciben este tipo de contratos, aunque sea una compañía que tiene más de 2.000 contratos con el Gobierno federal, una compañía masiva, pero reciben este tipo de contrato.

AMY GOODMAN: Quería ahondar en esa pregunta sobre Akima. Es una corporación indígena de Alaska, pero ¿quién se beneficia realmente aquí?

JOSÉ OLIVARES: Es una compañía nativa de Alaska. Entonces, los dueños de la compañía, los stakeholders, por decirlo en inglés, son nativos de Alaska. Entonces, varias generaciones van dando las porciones de la compañía a sus familiares y no se pueden vender, no se pueden cambiar, no se puede hacer nada con estas [acciones]. Entonces, por esa razón escapa mucho a las regulaciones del Gobierno federal, porque las porciones que pertenecen a los indígenas son privadas, entonces pertenecen a ellos.

Pero también hay que reconocer que el año pasado esta compañía anunció que ya vale más de dos mil millones de dólares. Pero también hay que reconocer que la mayoría de las personas que trabajan y que están al frente de esta compañía, Akima, están basados en Virginia, no están basados en Alaska, aunque en su página web y todo se anuncia como si fueran una compañía de indígenas, y muchos de los que vi en esta página web de la compañía, me parece que son estadounidenses, son blanquitos, no son nativos.

Entonces, es muy curioso, pero gracias a la manera de cómo la compañía está estructurada no sabemos muy bien realmente quién está detrás de esta compañía. O sea, entendemos que son indígenas de Alaska, pero realmente no podemos ver mucho más, porque son cuestiones privadas que escapan a mucha regulación de parte del Gobierno federal.

JUAN GONZÁLEZ: Retomando el tema del centro de detención de Guantánamo. ¿Cuál es la situación de los inmigrantes detenidos allí y qué tipo de acceso tienen a abogados?

JOSÉ OLIVARES: Hay que reconocer que la estación naval del Ejército de Guantánamo es muy, muy secreta y es secreta por cuestiones de seguridad nacional. Es lo que dicen. Entonces sabemos muy poco de lo que está pasando y no sabemos cuáles son las condiciones en esta cárcel de migrantes. Tampoco, mucho menos, sabemos cuáles son las condiciones en la prisión militar allí en la estación naval de Guantánamo. Entonces, es muy limitada la información que podemos acceder y entender sobre las condiciones en esta base militar. Pero lo importante que hay que reconocer es que aunque miles de… El Gobierno de Trump quiere mandar a miles de migrantes de los Estados Unidos a Guantánamo, y ha habido muchas quejas de parte de organizaciones civiles, de organizaciones que trabajan con migrantes, denunciando y pidiendo que tengan acceso para platicar con los migrantes que están ahí detenidos en la cárcel de migrantes en Guantánamo.

Pero hay que reconocer que es un lugar muy con muchos secretos, o sea, un lugar que por cuestiones de seguridad nacional la información no se revela, hay muy poco acceso a la cárcel. Y lo que yo pude encontrar revisando los documentos de los contratos del Gobierno en los Estados Unidos con Akima, con esta compañía, es que la comunicación entre migrantes y personas fuera de Guantánamo es totalmente limitada y esto es el diseño de la cárceles. Entonces los migrantes pueden marcar muy pocas veces por teléfono a otras personas, pero durante todo el tiempo que están hablando por teléfono las llamadas están siendo monitoreadas por los oficiales que están ahí en la cárcel, y si platican o discuten o mencionan algo que tiene que ver con la seguridad o algo que tiene que ver con la base militar, cuelgan la llamada de forma automática porque son cuestiones de seguridad nacional y no quieren que esa información se revele.

Entonces, la información que sale de ahí es muy, muy secreta. Sabemos muy poco de las condiciones de lo que está pasando allá adentro, y sabemos menos porque los migrantes que han sido históricamente encarcelados ahí, o han sido deportados a sus países de origen, o los han mandado a otros países, a un tercer país, como refugiados. Entonces sabemos muy poco realmente de las condiciones.

AMY GOODMAN: José Olivares, ¿puede hablarnos más concretamente de las violaciones de los derechos humanos de las que se acusa a Akima en los centros de detención que gestiona en Estados Unidos?

JOSÉ OLIVARES: Así es. Akima maneja, según lo que yo pude encontrar, cinco cárceles de migrantes en los Estados Unidos. Maneja una aquí en Nueva York, otra en Texas, otra en Florida, una en Puerto Rico, una en Arizona. Y lo que encontré es que estas cárceles han recibido denuncias por el tratamiento a los migrantes y por las condiciones. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, manejan la cárcel de Búfalo, el Buffalo Services Processing Center, el centro para procesar migrantes en Búfalo. Y lo que encontré es que ahí, el año pasado hubo 40 migrantes que hicieron una huelga en la cárcel y los oficiales que trabajaban ahí, que son empleados de Akima, hubo amenazas, encarcelaron [a los migrantes] en cuartitos pequeños de “solitary confinement”, o sea, unas celdas pequeñas sin ventanas, y organizaciones civiles y organizaciones que trabajan con migrantes denunciaron el tratamiento de estos migrantes allá en esa cárcel. También hay una demanda de parte de unos migrantes que estaban allí detenidos, demandando a la compañía diciendo que los forzaron a trabajar en esa cárcel y sólo les pagaron un dólar por día por estar trabajando allí en esta cárcel.

Ahora, lo que también encontré es que la cárcel en Florida, que se llama el Krome North Service Processing Center… esta cárcel fue investigada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, y esta investigación lo que reveló es que hubo varios ejemplos que citaron los investigadores denunciando el uso de fuerza en contra de migrantes, en contra de personas detenidas ahí dentro, que no fue apropiado.

Incluyeron un ejemplo de un señor que estaba detenido, encarcelado en un cuartito pequeño, en una de estas celdas de “solitary confinement”, y llegaron los oficiales, abrieron una ventanita que está ahí en la puerta, por donde les dan la comida… abrieron la ventanita y echaron gas lacrimógeno al migrante, aunque no presentaba ninguna amenaza ni a sí mismo ni a los oficiales. Entonces eso fue un ejemplo de este tipo de abuso que fue denunciado por parte del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, y también lo que hemos visto es que en una cárcel, el Port Isabel Detention Center en Texas, una unidad… las condiciones eran tan malas, tan feas, o sea, se estaban cayendo partes del techo… las condiciones estaban tan fatal que los inspectores del Gobierno federal recomendaron que ese edificio debería ser clausurado hasta que puedan construir otro.

AMY GOODMAN: Claramente, en estas instalaciones, la contratista no tiene que llamarse Akima para ser administradas por Akima.

JOSÉ OLIVARES: Así es, totalmente. Por ejemplo, el contrato de Guantánamo es una compañía que se llama Akima Infrastructure Protection y la compañía que maneja las otras cárceles de migrantes se llama Akima Global Services, pero también tienen distintas otras compañías que manejan cuestiones de seguridad digital, etcétera, con el Gobierno federal.

AMY GOODMAN: Y, de hecho, para aclarar, ¿es incorrecto decir que una persona es deportada de Estados Unidos a Guantánamo, porque esta parte de Cuba en realidad está bajo control estadounidense, por lo que esto equivale a trasladar personas dentro de Estados Unidos?

JOSÉ OLIVARES: Así es, totalmente. Y estos migrantes están bajo la custodia de ICE, del Gobierno federal y también del Departamento de Defensa.

AMY GOODMAN: Quiero preguntarle sobre su artículo para el medio Drop Site News, titulado “Biden le entregó a Trump el plan para encerrar a 30.000 migrantes en una cárcel privada de ICE en la bahía de Guantánamo”. Usted mencionó esto, ¿puede explicarlo en detalle?

JOSÉ OLIVARES: Así es. El contrato que recibió Akima para manejar este centro de migrantes en Guantánamo… recibieron el contrato el año pasado de parte del Gobierno de Biden. Fue el contrato que vale 163.4 millones de dólares, pero se lo dio el Gobierno de Biden para seguir con los operativos que maneja el Departamento de Seguridad Nacional ahí en la cárcel de Guantánamo. Hay que reconocer que realmente esta cárcel de migrantes ha existido por décadas, ha existido bajo distintos presidentes, empezando con George Bush senior y luego Clinton, y luego otra vez empezó bajo el Gobierno de Bush y luego Obama y luego Trump y luego Biden y luego otra vez con Trump. Entonces, independientemente del partido político que esté en la Casa Blanca, estas compañías privadas han recibido contratos para manejar estos operativos en la cárcel de migrantes, para detener y encarcelar a migrantes que principalmente vienen del Caribe.

AMY GOODMAN: Esta última pregunta tiene que ver con el supuesto interés del DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, de recortar el presupuesto. Si uno quisiera ver de dónde se puede recortar una gran cantidad de dinero de inmediato, eso se podría hacer cerrando Guantánamo definitivamente. Antes de estos traslados de migrantes solo había 15 hombres detenidos allí y el presupuesto es de unos 500 millones de dólares. A medida que ese número de hombres disminuye y son enviados a países de todo el mundo, ¿cree que están tratando de reutilizar y mantener a Guantánamo como un sumidero de dinero?

JOSÉ OLIVARES: Totalmente, y lo que hay que reconocer es que sí, han sido millones y millones y millones de dólares para mantener la base militar de Guantánamo. Cuba no quiere esta base militar, ellos no aceptan la renta que les paga el Gobierno estadounidense para tener esta propiedad ahí en Guantánamo. Entonces, es algo muy poco lógico, solo 15 personas han estado detenidas ahí en la prisión militar, pero cuesta millones y millones y millones de dólares mantenerla. Y ahora millones y millones y millones de dólares para un contrato para una compañía privada que maneja el centro de migrantes ahí en esta cárcel.
Pero no solamente es la cárcel de Guantánamo, sino también el Gobierno federal da millones, yo creo que en el año 2024 fueron tres mil millones de dólares que viene del Congreso, que se los dio a ICE para manejar operativos por todo el país. Entonces, hay muchas compañías privadas que manejan cárceles privadas para detener y encarcelar a migrantes por todo el país que reciben millones de dólares, pero obviamente las condiciones son abismos en estas cárceles. Entonces es importante reconocer que este desperdicio de dinero para encarcelar a personas no solamente [ocurre] en Guantánamo, sino también en otras partes del país, en otras cárceles de migrantes.

AMY GOODMAN: José Olivares, periodista de investigación, queremos darle las gracias por estar con nosotros. Enlazaremos a su artículo en The Guardian titulado “Revelan que la empresa estadounidense que administra la cárcel de migrantes de Guantánamo fue acusada de abusos a los derechos humanos”. También enlazaremos a su artículo en Drop Site News sobre cómo Biden le proporcionó a Trump el plan para Guantánamo.

Haga clic para ver nuestra entrevista en inglés. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos.

Producido por Democracy Now! y Democracy Now! en español.